Genocidio en Colombia

Por: Álvaro Marín

Septiembre 3, 2007

En medio de una supuesta negociación del paramilitarismo con el Estado colombiano, el país empieza a destapar fosas comunes en todo el territorio nacional. Y digo supuesta negociación, ya que el paramilitarismo surge como una política de Estado desde mediados del siglo veinte, es decir, ésta es realmente una negociación de las élites consigo mismas, que hacen parte del Estado y siempre lo han mantenido a sangre y fuego. Las fosas comunes encontradas no son el resultado de una guerra civil como los medios tratan de presentar el horroroso hecho del genocidio, tampoco son el saldo de muerte de la confrontación entre “actores armados” como presentan algunas ONG el hecho. Realmente es una combinación de acciones de guerra cruzada por intereses de la élite criminal interna, articulada con intereses de grandes megaproyectos agroindustriales, mineros y energéticos: para confirmar esta aseveración, basta observar la coincidencia de los mega proyectos y los territorios de muerte.

Como una forma de constatar lo anterior se puede ver el registro de los pasos previos a la siembra de grandes plantaciones de palma africana. En los casos de Jiguamiandó y Curvaradó, en el Pacífico colombiano, miles de familias fueron desplazadas; la arremetida de fuerzas combinadas de ejército y paramilitares obligó a la población de estos lugares a desplazarse hacia los centros administrativos de la región en donde ya los estaban esperando con frazadas y alimentos varias instituciones y organismos de ayuda internacional.

Lo que se puede entrever en esta práctica es un desplazamiento previamente organizado desde el mismo Estado. Luego del desplazamiento muchas familias han pretendido volver y se han encontrado con una realidad territorial transformada en su totalidad. El cambio es tan extremo que sus antiguos habitantes ya no reconocen el territorio en donde los ríos han sido desviados y la palma ha cubierto sus propiedades colectivas. Un cambio de estas dimensiones sólo es posible con grandes recursos en los que participan el Estado que le presta a las mafias para la siembra, las mismas mafias y la inversión de la banca mundial. Pero el Estado no sólo presta los recursos financieros, también hace titulaciones a las bandas para legalizar la invasión, como ha ocurrido con el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, una de las instituciones que tienen funcionarios investigados por vínculos con el paramilitarismo.

El caso de Quimi Pernía, un dirigente indígena asesinado por los paramilitares de Mancuso, es un signo claro de hacia donde apuntan los fusiles del paramilitarismo. A Quimi Pernía lo desaparecen los paramilitares supuestamente por colaborar con la guerrilla, pero la lucha del dirigente indígena era realmente la oposición a la construcción de una de las grandes represas en una región en donde la construcción de represas ha desatado, como la caja de Pandora de las multinacionales, todos los males para los indígenas: destrucción de su cultura y de los sistemas propios de producción y economía, pérdida del territorio, muertes y desapariciones.

El paramilitarismo ha sido ya una vieja práctica del poder en Colombia que lleva medio siglo de ser utilizado como dispositivo de control social. Al mismo tiempo que en el resto de Latinoamérica, Estados Unidos estimulaba la generación de dictaduras militares, en Colombia se practicaba una especie de dictadura disfrazada de democracia, lo que algunos han llamado “democracia asesina”. Miles de asesinatos y desplazamientos vienen siendo cometidos en Colombia desde entonces, los miembros de las guerrillas liberales que se entregaron en una negociación de paz por la misma época, fueron posteriormente asesinados. El caso más reciente de esta práctica es el exterminio de la Unión Patriótica, una organización que surgió de otra negociación de paz en los años 80 y que alcanzó a desarrollar una importante fuerza política como proceso de transición de una izquierda armada que veía la posibilidad de encontrar un camino de solución a través de la acción política. Todos sus integrantes, dirigentes y bases que hicieron parte de la organización política fueron asesinados en masacres y atentados personales, en un caso de monstruosa singularidad de crímenes de Estado en el mundo.

El holocausto y la noticia episódica

El caso de la UP, revivido en estos días por ser un proceso que pasó a la Corte Interamericana, a pesar de las dimensiones del genocidio, es sólo el principio de un exterminio en masa practicado por dos décadas en Colombia y que en los tiempos recientes ha llevado las fosas comunes del paramilitarismo a otros tantos miles de colombianos: la estimación menor es de 20.0000 muertos, aunque otras estadísticas de estudios poblacionales registran, entre desaparecidos y muertos, cerca de cuatro millones de colombianos, sin contar los cuatro millones de desplazados. El caso es que las dimensiones del holocausto colombiano apenas empiezan a descubrirse y no se sabe exactamente la cantidad de muertos; lo que sí se conoce es el crecimiento de la economía y el aumento significativo de las inversiones extranjeras en el país.

El holocausto trata de ser ocultado a través de una práctica periodística que convierte todo hecho terrible en un hecho episódico. Y así pasa como una noticia más de los medios la muerte de 300 indígenas Kankuamos en la zona norte del país, la indigencia y prostitución de miles de niños en las calles o la consolidación del proyecto paramilitar, ahora con el nombre de Águilas Negras, con la misma estructura del paramilitarismo de los últimos veinte años, pero con otro nombre. Mientras tanto los medios y el presidente hablan de “posconflicto” en los medios nacionales y ante la comunidad internacional, como si en Colombia no hubiera pasado nada, y como si lo que sigue pasando fuera parte, ya no de la vida normal, sino de la muerte normal en Colombia. Los medios convierten poco a poco el crimen en un hecho natural.

La censura mediática e intelectual

La impunidad en Colombia es tan frecuente como el crimen. La censura de los medios y la autocensura intelectual hacen parte componente de la impunidad. Hay una especie de terror a la crítica en donde ésta se ve como amenaza, la intelectualidad crítica ha desaparecido de los medios y en la academia la derecha intelectual se ha hecho con la dirección de la universidad pública. Entre escritores y artistas se reproduce la censura; algunos, entre los más publicados por las industrias culturales, se convierten en censores, y cuando no, en señaladores o en instituciones individuales de control de la crítica al Estado.

En días recientes surgió en el país la propuesta de Movimiento por la paz de Colombia, en su iniciativa el movimiento se manifestaba frente al horror de lasa fosas comunes. La respuesta de Óscar Collazos y William Ospina fue patética: el primero condenaba el movimiento como amigos de la insurgencia, y el segundo afirmaba en la revista Cromos en un lenguaje propio de las brigadas militares que el prolongado conflicto era producto de la terquedad de unos “insurgentes salvajes”.

Esta intelectualidad desconoce los problemas en los territorios y en las mismas comunidades, se informan de lo que dicen los medios oficiales y reproducen la mirada superflua y carente de espíritu investigativo de los medios. Para ellos los acontecimientos históricos son un error, o un capricho del anacronismo de algunos individuos. No leen en la profunda herida del país los signos del paso de un poder criminal, o tratan precisamente de ocultar sus crímenes con sus aseveraciones. El chantaje del poder se convierte de esta manera en una forma de reproducir el crimen a través del silencio o el señalamiento. Y más lo segundo que lo primero, la derecha ha terminado imponiendo una cultura de la delación que paga en efectivo o en promoción cultural.