La Guerra en Colombia:
Una Reflexión Desde la Larga Duración
Por Miguel Ángel Beltrán V.*
LA PERSPECTIVA DE LA LARGA DURACIÓN:
En su obra El Mediterráneo y el
Mundo Mediterráneo en la Época de Felipe II, cuya primera versión fue publicada
en 1949, el historiador francés Fernand Braudel nos ofrece un modelo
explicativo, donde las variables espacio-tiempo adquieren una nueva dimensión
que se contrapone a las visiones homogéneas, abstractas y lineales de estas dos
variables. En una reflexión posterior: "Historia y Ciencias Sociales: La Larga Duración" (1958), Braudel elabora una tipología que da cuenta de las duraciones
histórico-sociales de los hechos, fenómenos y procesos históricos.
Braudel identifica allí tres
órdenes temporales: El de la corta duración, que está referido al tiempo
acontecimental, al tiempo corto, hecho a la "medida de los individuos, de
la vida cotidiana, de nuestras ilusiones, de nuestras rápidas tomas de
conciencia; el tiempo por excelencia del cronista, del periodista". Como
bien lo advierte Braudel, se trata de un tiempo engañoso, que no da cuenta del
verdadero "espesor de la historia"[1].
El de la mediana duración que se ajusta con la temporalidad de la coyuntura, de
las oscilaciones cíclicas y que puede enmarcarse en una decena de años, un
cuarto de siglo o más. Se corresponde así con la historia económica y social,
pero no se limita a ella solamente. Hay, también coyunturas políticas,
culturales, institucionales y religiosas. El de la Larga Duración , que define temporalidades de larga permanencia, realidades estructurales
"dotadas de tan larga vida que se convierten en elementos estables de una
infinidad de generaciones: obstruyen la historia, la entorpecen y, por tanto,
determinan su transcurrir"[2].
Esta propuesta metodológica de
las temporalidades y, específicamente la de la larga duración, que nos ofrece
Braudel, constituye una herramienta útil para encarar el problema de la guerra
en Colombia. Esta perspectiva no se puede reducir simplemente a corroborar su
persistencia por un largo período de tiempo que cubre varias décadas y que
hunde sus raíces en la historia misma del siglo XIX. Es necesario identificar
ese conjunto de arquetipos, estructuras o realidades que dentro de la historia
del país han sido decisivamente operantes y efectivamente determinantes de los
procesos históricos más generales. La tarea del analista social consiste
entonces en develar esas arquitecturas lentas en constituirse y en modificarse,
colocando de presente esa real y concreta operatividad histórica ejercida
dentro de las distintas curvas evolutivas de la historia.
Bajo esta mirada señalarse que,
como hace cien años, Colombia ha iniciado el nuevo siglo con un conflicto
armado interno que lejos de resolverse pareciera profundizarse aún más. No
obstante, a diferencia de la guerra que a principios del siglo XX envolvió al
país y que enfrentó a conservadores y liberales excluidos del poder por años[3], el conflicto que hoy vive el
país ha sufrido sustanciales transformaciones que tienen que ver con las formas
de desenvolvimiento de la violencia, sus móviles, sus recursos, sus
estrategias, el ejercicio de la política misma y, en general, las identidades
que estas acciones armadas promueven entre la ciudadanía.
En contraste con la confrontación
bipolar que caracterizó la “Guerra de los Mil Días” en el actual conflicto
colombiano se pueden identificar actores organizados con fines y estrategias
para el logro de sus objetivos, como las guerrillas, los paramilitares, los
narcotraficantes y, junto a ellos, otros agentes que desarrollan una violencia
desorganizada asociada con la violencia social, barrial, cotidiana, difusa[4]. Esta última facilita y amplia
la violencia organizada gracias a los apoyos, las facilidades y los
entrecruzamientos que se dan entre una y otra. Lo cual significa que en
Colombia, cada vez se hace más difícil establecer fronteras claras "entre
la violencia política y aquella que no lo es"[5].
Estas complejidades de la
realidad política y social del país, han llevado a muchos estudiosos del
fenómeno a negar el carácter político y social de la confrontación interna que
vive el país: de tal modo que expresiones como “guerra sin política”,
“degradación del conflicto”, “guerra contra la población civil” son
recurrentemente utilizadas por los analistas de la situación colombiana para
caracterizar el actual conflicto armado.
Sin negar las transformaciones
reales que ha sufrido el conflicto colombiano en el último período, mi interés
en este artículo es señalar como la guerra que vive hoy el país, mantiene un
carácter eminentemente político y, a partir de esta definición, delinear el nuevo
escenario en que ella viene librándose, a partir de la elección del actual
presidente Alvaro Uribe Vélez (2002-2006).
¿UNA GUERRA
DEGRADADA?
En la última década hemos
asistido a un incremento de los conflictos armados en el mundo. La ilusión de
que el fin de la guerra fría vendría acompañado de la construcción de un nuevo
orden político y con el la garantía de una paz universal, muy pronto se
desvaneció: en su escaso lustro de existencia el nuevo siglo ha sido testigo de
las atrocidades que acompañaron la agresión de Estados Unidos y sus aliados a
Afganistán y más recientemente a Irak, bajo el pretexto de la lucha global
contra el terrorismo, en tanto otros conflictos como el palestino-israelí se
recrudecen.
Paralelo a estas guerras, pero
sin sustraerse a este contexto internacional, desde los años noventas los
"conflictos internos" lejos de cesar se han agudizado. Los reclamos
de autonomía iniciados en Kosovo que conllevaron a la disolución de buena parte
de Yugoslavia y la división de Bosnia, así como el desarrollo del conflicto
Ruso-Chechenio constituyen una expresión de este fenómeno. En América Latina,
tras las expectativas de paz que generaron, a finales de los años ochentas y
comienzos de los noventas, los procesos de negociación entre la insurgencia
armada y el Estado en Guatemala, Salvador y Colombia, el continente vio emerger
en 1994 el conflicto Zapatista y agudizarse la confrontación armada y social en
nuestro país.
Algunos analistas de estas
guerras han llamado la atención sobre los rasgos "novedosos" que han
asumido estos conflictos en la "era poscomunista". En su reciente
libro traducido al español con el sugestivo título "Las Nuevas Guerras.
Violencia organizada en la era global" Mary Kaldor argumenta en favor de
esta tesis. Para la investigadora de la London School of Economics, luego de la caída del muro de Berlín, en el mundo se ha
generalizado un nuevo tipo de guerra donde las identidades particularistas
parecen prevalecer sobre las tradicionales divisiones ideológicas o territoriales[6].
Así mismo, señala Kaldor que el
combate convencional y regulado por la normatividad internacional que habría
caracterizado las "viejas guerras" ha sido sustituido por las
tácticas de terror y de miedo que encuentran sus principales víctimas en la población
civil. Los métodos de la guerras nuevas privilegiarían técnicas militares que
ocasionan crímenes en masa y desplazamientos forzados. De este modo, las
guerras actuales carecen de un gran apoyo popular y, más aun, están poco
interesadas en lograrlo. Finalmente, Kaldor destaca la economía de las nuevas
guerras basada ya no en recursos propios, sino en una gestión que pasa por el
saqueo, la depredación y su inserción en los circuitos internacionales del
tráfico ilegal y del mercado negro.
A primera vista, este modelo de
análisis podría tener validez para el caso colombiano. En una reciente
investigación realizada por los sociólogos Jaime Nieto y Luis Javier Robledo,
los autores, tras un juicioso análisis de la relación guerra y política en
Colombia a lo largo de los siglos XIX y XX, arriban a conclusiones muy
similares a las esbozadas por Mary Kaldor para Àfrica y Europa del Este. Nieto
y Robledo llaman la atención sobre la “bandolerización y degradación de la
guerra" en el país y la asocian fundamentalmente a “la vinculación de las
guerrillas al negocio del narcotráfico, así como a la utilización sistemática y
profusa de formas depredadoras y extorsivas de financiamiento de la guerra,
como el secuestro y la 'vacuna'”[7].
Esta tesis sobre la “degradación
y descomposición del conflicto armado” han sido desarrollada con algunos
matices, por otros autores que generalmente la acompañan de afirmaciones acerca
de la pérdida de legitimidad del proyecto insurgente, por la ausencia creciente
de un discurso político pero, sobre todo, por los efectos de su accionar
militarista sobre la población civil. Situación que se expresaría en el uso
recurrente de armas no convencionales como los cilindros bomba, los ataques a
la infraestructura económica del país y el asesinato selectivo y/o las masacres
contra la población civil[8].
Desde una perspectiva diferente,
el analista político Fermín González -sin negar como lo hacen otros autores el
carácter político de la insurgencia armada colombiana- vincula el debate de la
guerra con la autonomía de las organizaciones sociales y destaca como un
elemento nuevo del conflicto, el cuestionamiento a las guerrillas colombianas,
particularmente las FARC y ELN, por parte de "muchas organizaciones
sociales y ONGs nacionales e internacionales, apoyados en una secuencia de
errores relacionados con la afectación de la autonomía de las organizaciones
sociales. Errores que en el pasado fueron explicados como incidentales,
producto de fallas humanas que no lograban desdibujar el objetivo fundamental
de su lucha. Sin embargo, el problema se ha escalado y se vuelven la principal
arma del enemigo y la principal dificultad para insertarse en el movimiento de
masas, sobre todo urbano"[9]
Sin entrar a confrontar
directamente los planteamientos esbozados por Mary Kaldor[10],
debe señalarse que en el caso colombiano, las tesis arriba formuladas llevan la
consideración -no explícita pero fundamental en la argumentación- de que en la
historia pasada, la guerra transitó por los canales de un conflicto civilizado,
"no degradado", donde los actores armados guardaban una mayor
consideración por la población civil. Incluso, un estudioso de las guerras
civiles del siglo XIX como Fernán González habla de los
"generales-caballeros" y de los "pactos de caballeros"
entre jefes regionales para evocar así la naturaleza "caballeresca"
del conflicto decimonónico.
Hay en estas interpretaciones del
conflicto colombiano una cierta idealización de las guerras civiles que, sin
duda, nos ha venido de la mano, a través de las evocaciones garciamarquianas
sobre las contiendas civiles del s.XIX, y de los relatos del coronel Aureliano
Buendía. Sin embargo, nada más lejano de esta visión idílica de la realidad.
Describiendo el vandalismo y las depredaciones que dejaban los conflictos
armados en el siglo XIX, anota el historiador Tirado Mejía que “El paso de los
ejércitos era el peor flagelo que podía caer sobre la población. Los campesinos
eran reclutados; sus víveres, aves y ganados expropiados”. Frecuentemente la
toma de las ciudades era seguida de saqueo -por parte de los alzados en armas:
"nuestras tropas -escribe un guerrillero liberal- cometieron robos dignos
de mayor vituperio, pues materialmente saquearon la población"[11]. Otro tanto puede decirse de la
relación entre economía y guerra. El lucro económico constituyó una de las
causas frecuentes de las guerras civiles, lo cual explicar “por qué algunas se
prolongaban cuando había elementos militares para decidirlas”[12].
Por su parte, el sociólogo Carlos
Eduardo Jaramillo en su documentada investigación sobre Los Guerrilleros del
Novecientos, la cual se ocupa de los aspectos estructurales de la guerra de los
Mil Días, se refiere a temas como las donaciones forzosas (hoy llamadas
“vacunas”). Al respecto a las cuales escribe:
"En la aplicación de esta
fórmula para conseguir recursos, compitieron tanto liberales como
conservadores, y fue la fuente más importantes de ingresos para la guerrilla. La Justificación de ambos contendientes a tal expoliación disfrazada se basó en el argumento de
que sobre el enemigo debería hacerse recaer la responsabilidad del
mantenimiento de la guerra”.
“Con base en esta argumentación
se emplearon mecanismos como la expropiación de bienes - que cubría desde
dinero, cosechas, bestias, aperos y ganados, hasta ropa y utensilios de
cocina-, la toma de rehenes y el establecimiento de medidas impositivas".
"Cuando la guerrilla tomaba
un prisionero o retenía personas, ya fueran civiles u oficiales gobiernistas,
sólo existían dos fórmulas para recuperar la libertad: se pagaba en dinero o en
especie, o se hacía una promesa bajo palabra de caballero. La primera producía
rendimientos económicos en tanto que la segunda apuntaba a generar efectos
políticos y militares. La correspondiente al pago era sencilla: se pagaba por
la libertad cuando el conservador no era muy conocido o no tenía cuentas
pendientes con ninguno de los miembros de la guerrilla; o se pagaba por
conservar la vida cuando sucedía lo contrario. La práctica de esta última
modalidad llevó a extremos como tener que pagar por una muerte piadosa, en los
casos en que la víctima tenía que comprar la bala con que se le dispararía,
para evitar una muerte gratuita con puñales o machetes"[13].
Frente a estas evidencias, podría
argumentarse que las normas jurídicas para regularizar los conflictos internos
es una construcción, que se materializa en la segunda mitad del siglo XX. No
obstante, si nos referimos a la guerra que se libró en los años cincuentas,
existen testimonios de excombatientes como Franco Isaza, quien señala las
sangrientas acciones contra los conservadores que realizaban los líderes de la
insurrección armada liberal como Eliseo Velásquez: “Ese Velásquez -escribe
Franco Isaza- que encarnó en un momento la reacción popular, y bajo cuyo nombre
se hicieron los primeros, dolorosos y dramáticos intentos de lucha, era un
patán. La otra cara de la medalla liberal; por una, entrega, prudencia,
legalismo; por otra, venganza, muerte y saqueo. En el subconsciente de cada
liberal había nacido un Eliseo Velásquez que no quería saber de razones,
cálculos, ni de nada, como no fuera gritar, maldecir, destruir y matar. A
medida que la violencia y los métodos fríos y despiadados de los chulavitas
crecían en intensidad, la consigna de Velásquez no era sino ‘muerte y
reacción’”[14]. El mismo partido liberal
que a finales de los años cuarentas habían estimulado la formación de
guerrillas para hacer frente a la violencia conservadora, señalaban
públicamente en 1953, a través de uno de sus jefes nacionales, que en Colombia la
obra de los guerrilleros "había producido infinitos dolores y daños
incalculables a miles y miles de liberales inocentes"[15].
De igual modo, para los años
sesentas y setentas contamos con los relatos vivenciales del exguerrillero
Jaime Arenas, quien hace públicas las actuaciones de Fabio Vásquez Castaño, uno
de los líderes y fundadores del Ejército de Liberación Nacional (ELN)[16]. Testimonios más actuales como
los de Álvaro Villarraga y Nelson Plazas en relación a otras organizaciones
insurgentes como el Ejército Popular de Liberación (EPL)[17],
dan cuenta de conductas autoritarias similares en el interior de las filas
insurgentes y en su relación con la población civil.
Lo anterior no significa que en
el escenario reciente de la confrontación armada en Colombia no se hayan
operado importantes transformaciones. Es necesario, sin embargo, caracterizar
el conflicto colombiano más allá de las simples evidencias y enriquecer el
análisis con otras variables que coloquen de presente no sólo los efectos de un
conflicto que se ha prolongado en el tiempo sino también, que identifique las
diferentes modalidades de violencias, los actores en ella involucrados, las
formas organizativas que asumen, así como los cambios en el contexto
internacional, que han llevado a la deslegitimación de la lucha insurgente y la
calificación de "terrorismo" a formas legítimas de protesta.
El entramado de violencias que se
conjugan y refuerzan en el país, plantea situaciones en los que la violencia
tiene un papel preponderante por su capacidad de desestructuración y generación
de desorden al interior de la institucionalidad del país: Esta diversidad de
violencias no permite delimitar claramente sus fronteras haciendo de la
realidad política y social del país un complejo escenario de contradicciones y
situaciones de hecho, ciertamente desestabilizadoras del orden social.
La violencia en el país no tiene
un solo centro, un solo lugar, un solo componente o un solo actor. El uso
sistemático e ilimitado de ella por parte del Estado, orientado a la
criminalización de la protesta social, el exterminio de los líderes y
militantes de la oposición social y política, se conjuga con otros escenarios
de la realidad nacional, donde hace presencia la violencia barrial
-desarrollada por milicias o por bandas delincuenciales o por grupos de
justicia privada- así como las violencias de orden "difuso",
delincuencial o desorganizada que generan altos índices de criminalidad
delincuencial.
La violencia en Colombia se ha
transformado en un instrumento que se utiliza por diversos sectores de la
sociedad para imponer sus intereses y sus objetivos. Esta
"cotidianización" ha derivado en una "banalización", por
cuanto en el imaginario politico colombiano, "la violencia ha terminado
por ser algo trivial, como si hubiera existido siempre en la historia nuestra,
haciendo pues que los fenómenos de violencia aparezcan como connaturales y
necesarios, desconociendo las especificidades y particularidades que ofrece
hoy las distintas violencias y sus manifestaciones y, sobre todo, impidiendo
que amplios sectores sociales tomen conciencia del riesgo que implica su
generalización, por su capacidad disolvente del orden social"[18]
A esta "banalización"
contribuyen los medios de comunicación, las élites políticas y económicas, las
propias instituciones del estado quienes desestiman y pretenden minimizar la
dimensión del conflicto político armado en Colombia. Sin embargo, el avance de
la guerra y de las violencias continua en una suerte de fase de
"aceleración" en el que el conflicto tiende a profundizarse y a
extenderse mucho más.
La cotidianización de la
conflictividad violenta en el país, y las interacciones y lógicas estratégicas
que los actores utilizan para ganar espacio dentro de la confrontación, de
ningún modo significa que el conflicto haya perdido su carácter eminentemente
político. En el caso de las guerrillas, éstas continúan teniendo una finalidad
y una esencia política[19], en
tanto se reconoce que la estrategia de este despliegue de fuerza corresponde a
una lucha por convertirse en verdadera alternativa de poder y en cuya búsqueda
ha logrado de tiempo atrás, construir una organización político-militar que
cuenta con una importante base social particularmente en el campo.
Muy diferente es la naturaleza de
los grupos paramilitares cuya "diferencia básica con la condición política
de las guerrillas radica en que el delito de rebelión es propio de grupos que
pretenden erigirse en alternativas políticas frente al Estado y a los gobiernos
que lo administran. Tampoco se tipifican para los paramilitares los delitos de
sedición, asonada y conspiración, ya que lo que pretenden es complementar las
graves insuficiencias del Estado en materia del monopolio de la fuerza y la
justicia frente a la subversión. Y además una fuerza paraestatal o paramilitar
no puede ser reconocida por el mismo Estado como su contraparte en una
negociación. Fuera de ello, el carácter privado de sus intereses de defensa de
la propiedad de la tierra, así se combine con pretensiones de control territorial,
hace que sea muy difícil aceptar sus aspiraciones de alcanzar un estatus
político regular"[20]
EL PÉNDULO DE LA PAZ Y LA
GUERRA: LOS NUEVOS ESCENARIOS
Colombia cuenta ya con un largo
proceso de búsqueda de salidas negociadas al conflicto armado y social que vive
desde mediados del siglo pasado[21]. Sin
embargo, estas posibilidades se han frustrado bien porque los procesos exitosos
de desmovilización no han estado acompañados de reformas substanciales en lo
político, económico y social, bien por la convicción de sectores de la fuerza
pública y del alto gobierno de que es posible ganar la guerra propiciando una
derrota militar a las guerrillas.
La experiencia más reciente se
remonta al proceso iniciado el 14 de octubre de 1998 cuando el recién
posesionado presidente de la República, Andrés Pastrana (1998-2002) ordenó la desmilitarización de los municipios de La Uribe, Mesetas, Macarena, Vista Hermosa y San Vicente del Caguán con el fin de facilitar los diálogos entre el
gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, dando
inicio a una nueva etapa de diálogo y negociación el país la cual se prolongó
hasta el 20 de febrero del 2002, cuando tras un período de crisis, el
presidente Pastrana dio por terminado el proceso.
Este nuevo fracaso puso en
evidencia, una vez más, la actitud poco clara del gobierno en relación a
definir una agenda de negociación y el establecimiento de unas reglas de juego
que crearan las condiciones para llegar a acuerdos concretos que pudieran
materializarse en cambios efectivos que favorecieran a amplias sectores de la
población colombiana.
Por otro lado, si bien las
FARC-EP realizaron ingentes esfuerzos por mantener los diálogos[22],
el proceso contó con la resistencia de sectores de la clase dirigente que
hicieron todo lo posible para bloquear el proceso, a lo que contribuyó, sin
lugar a dudas, la actitud de los medios de comunicación ocupados en
distorsionar y agrandar las dificultades que se presentaban en la dinámica
del proceso[23], todo ello basado en la
incapacidad del gobierno para articular los intereses nacionales con los
internacionales y materializar los compromisos que en lo político y en lo
social implicaba un diálogo con las guerrillas[24].
Luego del fracaso de los
diálogos en el Caguán y el ascenso del presidente Álvaro Uribe Vélez a la
presidencia, en agosto del mismo año, después de una campaña facilitada por
los medios de comunicación y sustentada en la idea de una lucha frontal contra
la subversión, se define más claramente para el país un proyecto que tiene como
eje la seguridad, basada en la pretensión de derrotar militarmente las
guerrillas, la reinserción del paramilitarismo a la vida civil y por esta vía
su legalización y la guerra del y en el Estado Comunitario donde la sociedad
civil pierde su autonomía, para ser redefinida en términos de la relación
amigo-enemigo.
En este sentido, el presidente
Uribe adopta una serie de medidas que dan cuerpo a su política de
"seguridad democrática", entre otras, la declaratoria del estado de
conmoción interior que desde la constitución de 1991 sustituyó el estado de
sitio, la creación de un presupuesto adicional para la guerra a través del
impuesto del 1.2% sobre el patrimonio; el reclutamiento de los soldados
campesinos para reforzar la seguridad en sus regiones de origen; la
conformación de una red de un millón de informantes encargada de realizar
tareas de inteligencia, el establecimiento de zonas de rehabilitación, la
creación de nuevas brigadas móviles y grupos de antiterrorismo urbano, así como
el establecimiento de recompensas y estímulos a la deserción de combatientes
ilegales[25].
Los alcances de estas política
han significado un desmedido incremento en los gastos militares, ahondando la
crisis fiscal del país y el fenómeno de la corrupción que se da al interior de
las FF.AA; un fracaso del gobierno en su intento por recuperar aquellas zonas
llamadas de "Rehabilitación" y donde la guerrilla ha tenido una gran
influencia, agudizando aún más el conflicto armado (vb.gr. Arauca y Bolívar);
Una sistemática violación a los derechos humanos, de centenares de personas que
han sido judicializadas como cómplices o auxiliadoras de la guerrilla, sin que
se respeten las más mínimas garantías procesales, y de presunción de
inocencia. Esta situación ha sido corroborada por el informe del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentado el 10 de
marzo de 2004, donde se señala un incremento en las "denuncias de
violaciones con responsabilidad directa de los servidores públicos (...) de denuncias
de detenciones arbitrarias o ilegales, de desapariciones forzadas, de
ejecuciones extrajudiciales, de violaciones al debido proceso y a la
intimidad"[26].
Paralelo a ello está la
permanente invocación que el gobierno nacional y grupos de poder hacen para que
intervenga en nuestro conflicto interno el gobierno de los Estados Unidos.
Hecho que ha ido cobrando, cada vez más fuerza por las ayudas militares en
hombres, equipos y recursos económicos que el gobierno de este país, provee a
la fuerza pública en Colombia.[27]. El
riesgo de esta intromisión en los asuntos internos -avalada por el gobierno
nacional- es la posibilidad de extensión del conflicto a otras regiones de
América Latina y la internacionalización del conflicto, que encuentra su puntal
en los esfuerzos de la diplomacia colombiana entre naciones y organismos
internacionales (Comunidad Económica Europea, ONU) para buscar apoyo a la
política que se está desarrollando en Colombia.
Sin duda, esto puede poner en
riesgo la seguridad y estabilidad de algunos países vecinos, pues es previsible
que los intereses de Washington consistan en aprovechar el conflicto interno
colombiano, para establecer una política de desestabilización a gobiernos
vecinos que como en el caso del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se
convierte en una amenaza para los intereses norteamericanos. Hay que tener en
cuenta, sin embargo, que un eventual triunfo del candidato Demócrata a la
presidencia de los Estados Unidos John Kerry en los próximos comicios
electorales, podría significar variaciones en el tratamiento político a estos
conflictos, en cuanto Uribe Vélez ya no contaría con el apoyo de Bush,
principal aliado internacional en su estrategia de seguridad, y a quien dio su
respaldo para agredir militarmente a Irak, en contravía de vastos sectores de
la opinión pública mundial que expresaron su repudio a la guerra.
Pero si en el campo de la
"seguridad democrática" Uribe no ha podido ofrecer resultados claros,
mucho menos puede decirse de su iniciativa de introducir una serie de cambios
fiscales descargando la crisis sobre los sectores económicamente menos
favorecidos de la población, por la vía del referendo. El naufragio de éste en
las urnas junto con el nuevo mapa electoral que dejaron los pasados comicios
para la elección de alcaldes, concejales y gobernadores[28],
significó un duro golpe a la euforia triunfalista del presidente[29].Desde entonces sus esfuerzos se
han orientado, con mejor éxito, a la aprobación del proyecto de reelección
presidencial.
En esta perspectiva electoral el
presidente Uribe se ha dedicado en los últimos meses a mostrar resultados
tangibles que puedan servir de puntales para su eventual reelección. Por un
lado en relación con el paramilitarismo, el gobierno ha impulsado la llamada
"ley de alternatividad penal"[30] con la cual se pretende dar viabilidad a la desmovilización de los grupos de
autodefensas y garantizar el beneficio de suspensión de la pena, bajo ciertas
condiciones que suponen: "cese de hostilidades del grupo armado –a menos
que se trate de entrega individual–; dejación de las armas; compromiso expreso
de no regresar a las filas; cumplimiento de una pena alternativa a la prisión;
realización de actos de reparación a las víctimas; y el compromiso de no
cometer en adelante delito doloso"[31].
Tras estos acuerdos previos, el
gobierno ha abierto conversaciones con las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC), ahora concentradas en una zona de Santa Fe de Ralito (Córdoba), con el
objeto de promover su desmovilizaciòn y la reinserción de sus estructuras militares,
sin que todavía sean claras las reglas en el proceso de negociación que
adelanta[32] lo cual ha merecido la
descalificación del mismo embajador de los Estados Unidos en Colombia, William
Wood, quien considera que la negociación en curso lejos de favorecer la paz,
resulta útil a los intereses del narcotraficantes, pues existe una identidad
entre éstos y los jefes paramilitares, lo que le resta credibilidad a la
negociación[33].
Las afirmaciones del embajador
Wood es un reconocimiento tardío de una verdad, de todos conocida en el país,
respecto a que los paramilitares - como estrategia del mismo Estado para
adelantar la guerra sucia contra las organizaciones populares- ha realizado,
desde mediados de los ochentas, estrechas alianzas con el negocio del narcotráfico
no sólo a través de fenómenos de corrupción política sino, también por el
estímulo a actividades como el narcoterrorismo y la financiación de la guerra
contrainsurgente. De allí que pueda afirmarse que el narcotráfico constituye el
escenario que caracteriza más adecuadamente la coyuntura de violencia
contemporánea[34].
Por otro lado con el actor
guerrilla, el presidente Uribe ha propiciado una doble estrategia, facilitando
algunos acercamientos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), para lo
cual permitió que el líder de esta agrupación insurgente, Francisco Galán,
abandonara la cárcel de máxima seguridad con el objeto de asistir a un
encuentro destinado a iniciar diálogos de paz, contando con los buenos oficios
del gobierno Mexicano. Paralelamente, contra las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) -primera organización guerrillera del
país- desarrolla el "Plan Patriota", contando con la asesoría de los
EU, y que según algunas versiones de prensa compromete a 17 mil soldados en una
extensa área que cubre un amplio territorio del sur del país, todo ello con el
objeto de arrebatarle la influencia política y militar que tradicionalmente ha
ejercido esta organización insurgente en dicha zona.
Hasta el momento, ninguna de
estas dos estrategias resultan claras: en reciente comunicado, el comando
central del ELN ha supeditado los diálogos a que el gobierno adopte una serie
de medidas como el intercambio humanitario, la tregua bilateral y una amnistía
general. Por otro lado, no se conocen suficientemente los logros militares del
Plan Patriota. Contraria-mente, si nos atenemos a la información suministrada
por los mismos insurgentes, estaríamos hablando de un fracaso militar[35] que pondría nuevamente en
evidencia la inviabilidad de una derrota militar de la insurgencia.
En lo que respecta a la
resistencia civil, cobra importancia la reconfiguración de nuevos sujetos
sociales a través de los pobladores, como el expresado en el municipio de San
Pablo (Departamento de Bolívar), donde el asesinato de un comerciante a mano de
las autodefensas generó un levantamiento popular que derivó en ataques a la
fuerza pública, denunciando la connivencia entre ejército, policía y
paramilitares. De igual modo la movilización generada en contra de la instalación
del "peajito social" en el municipio de Copacabana (Antioquia),
constituye un evento importante en este proceso de movilización de la sociedad
civil.
En estas condiciones, la
reelección presidencial está perfilando un panorama de obligatoria unidad de
las fuerzas democráticas, en la cual será central la campaña presidencial donde
por primera vez un candidato con una amplia agenda social, como Carlos Gaviria
-actual senador y presidente del Frente Social y Político- pueda encabezar una
oposición de convergencia democrática, que cambie el panorama político del país
y abra las puertas para reales voluntades de paz desde la expresión política de
la sociedad civil.
EL DOLOR Y LA REFLEXIÓN SIN INTOLERANCIAS
Esta ha sido una semana de
obligatoria reflexión sobre la realidad política y social Colombiana. En el
ámbito de los intelectuales, poetas y artistas, el encuentro Nacional de Arte y
Poesía por la Paz de Colombia de manera premonitoria a tan duros sucesos, había
propiciado ya un debate sobre el papel de los intelectuales y la situación de
guerra generalizada que vive el país.
La Carta de los Intelectuales por la Paz de Colombia, surgida del consenso, de todos los que
participaron y aportaron a su elaboración, ha sido acogida como un esfuerzo
valido por más de 600 intelectuales y poetas del país y del mundo. Sin embrago,
que una carta surja del consenso de un grupo, no determina que ella sea
recibida de forma unánime por todos los hombres y mujeres pensantes de este
país, al contrario lo que buscaba el encuentro era precisamente generar este
debate, donde por supuesto hay y debe haber divergencias y coincidencias.
La carta ha sido criticada por
algunos, los que no se constituyen de ninguna manera en enemigos de la carta y
del esfuerzo hecho en Medellín, cito el caso de Oscar Collazos, quien ha sabido
situarse en el campo de la argumentación y la critica, marcando con altura su
posición política e ideológica, no sobrepasando el límite de la soberbia y la
chabacanería y llenando de contenido el necesario debate. Claro que hay
diferencias y sesgos, Oscar Collazos las tiene. Y muchas. Por ejemplo, no se
puede pedir lo mismo a las derechas que a las izquierdas, por dos cosas obvias
y claras, entre otras: Primera, son dos proyectos totalmente diferentes, dos
visiones del mundo que se contraponen, y segundo, por que aunque la izquierda
ha cometido errores, al menos en Colombia, el sistema de exclusión política,
que hoy expresa el presidente Uribe, no le ha permitido hacer el ejercicio de
ser gobierno y estado.
Por otro lado, cito el caso de
Eduardo Escobar, quien no aporta nada nuevo a la reflexión, se queda en el
tristemente celebre cirilí contra la izquierda, y equivoca el centro del
debate, que es la pregunta por lo que hacemos como intelectuales, poetas y
artistas por la paz de esta adolorida nación. Eduardo Escobar cae en lo que
mismo que critica, queriendo fusilar con palabras a todo aquel que osa levantar
su voz contra el establecimiento, siendo intolerante y soberbio con las
opiniones del otro.
Señor Eduardo, no es esta una
carta desde la izquierda aunque algunos de los que participamos allí si somos,
(tenemos el derecho), y aunque algunos no lo sean (tienen su derecho), no es
esta una carta de convite a la revolución a la cual parece que le temen tanto
los nadaistas, y no es esta señor Eduardo, una carta de revisión de errores de
la izquierda, los cuales por otra parte, ha sido suficientemente reconocidos.
Quien insiste en un tipo de debate como este no deja de ser un dinosaurio.
Y el caso de Harold Alvarado
Tenorio, quién aprovechando vilmente la tragedia de los 11 diputados retenidos
por las FARC, aprovechándose del dolor de los familiares, con el cual se ha
desatado un chovinismo malsano alrededor del gobierno, expresa su rabia y su
maledicencia contra el Festival Internacional de Poesía de Medellín. Este si
que está fuera de foco, este si que lapidariamente señala a intelectuales como
Fernando Rendón, relacionándolo con la tragedia de los 11 diputados. Mala
intensión, mentalidad dañina, sevicia, es lo que destila el señor Alvarado. Es
asesino aquel que aprieta el gatillo como el aquel que señala el objetivo militar.
Y ante a los últimos hechos
trágicos y dolorosos que cobró la vida de los 11 diputados del Valle, la carta
retoma su vigencia y acierta en el llamado, en el sentimiento que expresa su viva
escritura, hoy aún más, seguimos Indignados y dolidos por la guerra que arrasa
al país, reiteramos e insistimos en que si los ejércitos en pugna quieren la
paz, que detengan el fuego y acepten un diálogo honesto, de cara al país y a la
comunidad internacional.
Deseamos que el país se mueva,
que se manifieste desde la fábrica, la oficina, la casa, la escuela, la calle y
el campo. Y ponemos a disposición toda nuestra capacidad de pensamiento y
creación para construir caminos que nos permitan superar estos tiempos de
barbarie. Sabemos que es posible.
Este es el centro del debate. |
